¿En que consiste la Responsabilidad Civil Profesional para los Gestores Administrativos?

La responsabilidad civil general emana del código civil en cuanto a la obligación de reparar cualquier daño causado. La Responsabilidad Civil Profesional es esto mismo aplicado a la práctica profesional.

La Responsabilidad Civil Profesional de los Gestores Administrativos es la obligación que estos tienen de atender a las reclamaciones que sus clientes (o terceros perjudicados pese a no mediar entre ambos vinculación alguna) puedan hacerles por los perjuicios causados a consecuencia de su práctica profesional. Para formular la reclamación, los perjudicados acudirán a la Vía Civil del Derecho y deben demostrar la existencia del perjuicio y su conexión con las acciones u omisiones del profesional.

Lex Artis

De ello se desprende que existe una manera de evaluar la conveniencia de las decisiones tomadas por los Gestores Administrativos o de las decisiones que se deberían haber tomado y no se hizo así. Esto es lo que se conoce como «Lex Artis» y no es más que un conjunto de buenas prácticas aceptadas por todos. Esta «Lex Artis» puede estar regulada o normativizada de muchas maneras: desde leyes hasta códigos éticos o normativa interna de los colegios profesionales; o, simplemente, no estarlo y verse reducida a una serie de criterios generales que se vienen aplicando de forma habitual.

Sabemos que las actividades que realizan los Gestores Administrativos podrían, en buena forma, ser realizadas por cualquier persona. El Gestor Administrativo que se presenta como profesional de esta manera tiene la obligación de estar colegiado en algún Colegio de Gestores Administrativos Territorial de España. Sólo de esta manera puede ofrecer sus servicios de gestoría administrativa de manera profesional; que incluyen, entre otras cosas:

• El asesoramiento en materia administrativa en general
• La tramitación telemática de matrículas y transferencias de vehículos, mediante la encomienda con la DGT (Dirección General de Tráfico), centralizándose todos los servicios de tramitación de vehículos a través del Colegio
• Gestión y defensa en materia tributaria y financiera; y en materia laboral y mercantil
• Convenios de colaboración firmados por el Consejo General de Gestores Administrativos con distintas Administraciones: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Gerencia Regional del Catastro, con otros colectivos profesionales como Registradores y Notarios o instituciones como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), etc.

RC Profesional Contractual y RC Profesional Extracontractual

Desde el punto de vista legal, las acciones de los Gestores Administrativos pueden llevar a reclamaciones tanto contractuales como extracontractuales, dependiendo de la relación entre el profesional y la parte afectada, lo que determinaría el período de limitación para la acción de reclamación: como regla general, 5 años para reclamaciones contractuales y 1 año para reclamaciones extracontractuales.

La forma más normal de hacer frente a la Responsabilidad Civil Profesional es a través de la indemnización judicial. Para hacer frente a estos gastos, tanto compensatorios como de defensa judicial, los Gestores Administrativos colegiados cuentan con una modalidad especial de Seguro de Responsabilidad Civil llamado de Responsabilidad Civil Profesional contratado de manera colectiva por el Colegio Profesional al que están adscritos y con un capital asegurado de 600.000€ por colegiado.

Las profesiones reguladas (unas 140 en España y a las que nos referimos en estas páginas), entre las que se encuentran las actividades de los Economistas, encuentran su regulación en una normativa muy dispersa y condicionada por el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas como puede ser la Protección del Consumidor o los Colegios Profesionales (existen 87 colegios profesionales tanto estatales como autonómicos).

En muy pocas actividades a las que puede dar acceso el título de Economista se establece la obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional como condición previa al ejercicio profesional; siendo esta una cuestión que queda al desarrollo reglamentario de esos Colegios Profesionales.

El artículo 9 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, establece respecto a la obligatoriedad del seguro que “los y las profesionales con titulación tienen el deber de cubrir mediante un seguro o garantía equivalente los riesgos de responsabilidad en que puedan incurrir a causa del ejercicio de su profesión.”.

En el caso de los Gestores Administrativos, el apartado 2 recoge que “en el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales deben adoptar las medidas necesarias para promover y facilitar el cumplimiento del deber de seguro de sus colegiados en forma suficiente”.

La cobertura de los Gestores Administrativos se limita en muchas ocasiones al seguro suscrito por el respectivo colegio profesional de forma colectiva, con coberturas básicas.

Los Gestores Administrativos pelearon por su nombre

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de Libre Acceso a las Actividades y Servicios, y su Ejercicio supuso una modificación muy importante en este sentido; pero no por limitar la Responsabilidad Civil Profesional ni liberar a los Gestores Administrativos, en este caso, de su Responsabilidad ni de la obligación o no de contratar un seguro. Dicha Ley lo que hizo fue limitar los supuestos de colegiación obligatoria para el ejercicio de las profesiones en las que tal colegiación no está entre las condiciones que se señalan en la regulación de la actividad en cuestión.

No obstante en el art. 21.1 de esa misma Ley se establece que a los proveedores de servicios se les puede exigir, como regla general, que suscriban un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional u otra garantía equivalente que cubra el daño que pueden causar en la prestación del servicio, cuando presentan un riesgo directo y concreto para la salud, la seguridad de un tercero o para la seguridad financiera del receptor.

Esto se traduce en una cierta disparidad de criterios que dependen del grado de transposición de la norma estatal a las Normativas de las Comunidades Autónomas; que son, en realidad, quienes regulan este tipo de actividades. Por poner un ejemplo, un Economista no puede ejercer con el título de Gestor Administrativo si no está colegiado en el Colegio correspondiente. El acceso es a través de un examen convocado por el Ministerio de Administraciones Públicas o algunas Comunidades Autónomas; o de una titulación de Master en Gestión Administrativa.

Los Gestores Administrativos pelearon en los tribunales por su nombre y por el mantenimiento de la obligación de colegiación para poder ejercer la actividad profesional bajo ese nombre en concreto. Como actividades, podría ser que cualquier persona pudiese ejercer las labores de estos profesionales pero no podría presentarse de manera profesional (comercial) como Gestor Administrativo.

Por otro lado, los colegios profesionales suelen negociar de manera colectiva con las aseguradoras, pólizas de responsabilidad civil obligatoria que ponen a disposición de los colegiados; bien con pagos o incluidas en las cuotas colegiales.